La incertidumbre atraviesa cada rincón del predio. En las canchas, en los vestuarios recién construidos, en el quincho que se levantó otra vez después de una tormenta. En Lules, San Isidro Rugby Club vive horas decisivas: después de más de dos décadas en el mismo lugar, hoy no sabe si podrá seguir allí.

El conflicto se agravó en los últimos días, cuando se conoció que el gobernador Osvaldo Jaldo vetó el proyecto de ley que buscaba declarar de utilidad pública el terreno donde funciona la institución. La medida, oficializada a través del decreto 734/3 publicado en el Boletín Oficial, frenó una posible expropiación del inmueble de 6,4 hectáreas ubicado en el departamento Lules. La decisión se enmarca en un contexto de ajuste de las arcas públicas y significó un golpe directo para el club, que veía en esa ley una alternativa para garantizar su continuidad.

A partir de ahí, la situación se volvió aún más incierta. “Estamos muy preocupados. No sabemos qué va a pasar. Desde los chicos hasta nosotros, la comisión”, expresó Celso Manzano, presidente de la institución.

La preocupación no es nueva, pero sí más urgente. El club recibió una carta documento por parte de la empresa propietaria del terreno, en la que se les exige desalojar el predio en un plazo de 15 días. Aunque ese plazo no es inmediato -ya que debería avanzar por la vía judicial-, encendió todas las alarmas. “Queremos evitar llegar a un juicio de desalojo. Estamos tratando de hablar con la otra parte para ver si se puede llegar a un acuerdo”, explicó Manzano.

El terreno no es sólo una cancha. Es el resultado de años de trabajo. Allí el club construyó vestuarios, depósitos, instaló iluminación LED y levantó quinchos.  “En estos últimos años hicimos mucha inversión. Todo eso hoy está en riesgo”, lamentó.

La dirigencia se mueve contra reloj. Por un lado, intenta abrir canales de diálogo con la empresa. Por otro, busca respaldo político e institucional. Ya mantuvieron reuniones con el director de Deportes de Lules y esperan gestiones a nivel provincial que puedan destrabar el conflicto. También analizan herramientas legales. “Estamos viendo con abogados si se puede presentar algún amparo que frene todo”, señaló el presidente.

En paralelo, aguardan una respuesta del municipio, al que ya habían solicitado reuniones meses atrás, cuando el problema comenzaba a tomar forma. “Si el municipio intercede, creemos que se puede llegar a un arreglo. No es lo mismo ir solos”, remarcó.

Otro de los caminos será acudir a la Unión de Rugby de Tucumán, con la intención de que la entidad pueda colaborar en la búsqueda de una solución. “Vamos a agotar todos los medios”, aseguró Manzano.  Pero detrás del conflicto legal y político hay una historia que explica por qué la situación genera tanta preocupación.

Los orígenes del San Isidro Rugby Club

Nació en 2002, en una ciudad donde el rugby prácticamente no existía. Lules era, y en gran medida sigue siendo, territorio futbolero. Quienes querían jugar al rugby debían viajar a San Miguel de Tucumán. “Íbamos a Lince, a Cardenales o a Los Tarcos. Pero no era lo mismo, no lo sentías tuyo”, recordó Manzano.

Todo empezó casi como un juego. Un grupo de adolescentes, de 14 o 15 años, comenzó a reunirse en descampados. No sabían bien las reglas. “Era jugar a romper remeras”, contó. Para sumar gente, mezclaban partidos de fútbol con intentos de rugby.

Con el tiempo, ese grupo creció. Se organizaron, hablaron con sus familias y empezaron a construir algo propio. Los padres se reunieron, armaron la estructura legal y dieron vida al club.

Al principio no tenían sede. Se entrenaban en terrenos baldíos o en espacios prestados. Jugaban todos los partidos de visitante. Hasta que lograron acceder al predio actual mediante un comodato. “Logramos un acuerdo con la firma anterior que era Minetti”, dice Manzano. Ese fue el punto de partida de una historia de crecimiento.

Hoy, el club cuenta con divisiones infantiles, juveniles y plantel superior que reúnen alrededor de 250 jugadores. No siempre tienen la cantidad ideal de jugadores, pero se las ingenian para que todos participen. Muchas veces se asocian con otros clubes para completar categorías. “Nosotros no dejamos a nadie sin jugar. Si falta gente, nos unimos con otro club. Lo importante es que los chicos estén”, explicó.

En ese camino, San Isidro se convirtió en mucho más que un club. Ubicado en una zona vulnerable, cumple un rol social clave. Es un espacio de contención, de encuentro, de formación. “Hay chicos que vienen y no han comido. Les damos la merienda, hacemos hamburguesas. Esto es contención social”, sostuvo Manzano.

Por eso, la posible pérdida del predio no es sólo un problema institucional. Es una amenaza para toda una comunidad.

“Esto tiene que seguir. Ha sido mucho esfuerzo. No queremos que los chicos se queden en la calle”, agregó.

La preocupación se siente en el día a día. En los entrenamientos, en los partidos, en las charlas entre padres. “Todos preguntan qué va a pasar. Y la verdad es que no tenemos una respuesta”, admitió el presidente.

En San Isidro se aferran a una idea: la salida debe ser política. “Los que tienen el poder de frenar esto o de generar un acuerdo son los dirigentes. Hay que dialogar, consensuar. Buscar una forma de que el club siga”, afirmó Manzano.

Mientras tanto, el tiempo avanza. La carta documento marca un primer paso de un proceso que puede escalar. El veto del Ejecutivo cerró una puerta, pero el club intenta abrir otras.